URUAPAN, Michoacán. El caso de Maritza Espino, una joven de Uruapan cuyo asesinato y la desaparición de sus dos hijas generaron amplia atención pública, tuvo un giro clave: Luis Felipe “N”, señalado como presunto responsable, fue detenido en Nuevo León y las dos niñas fueron localizadas con vida, quedando bajo resguardo de autoridades de esa …
URUAPAN, Michoacán. El caso de Maritza Espino, una joven de Uruapan cuyo asesinato y la desaparición de sus dos hijas generaron amplia atención pública, tuvo un giro clave: Luis Felipe “N”, señalado como presunto responsable, fue detenido en Nuevo León y las dos niñas fueron localizadas con vida, quedando bajo resguardo de autoridades de esa entidad mientras se define su restitución familiar.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Michoacán informaron que el imputado fue vinculado a proceso por su probable participación en secuestro agravado, desaparición forzada de personas y violencia vicaria, además de secuestro agravado en agravio de dos menores (de identidad reservada). El juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo para la investigación complementaria.
En declaraciones públicas, el fiscal Carlos Torres Piña explicó que la estrategia de judicializar con figuras como secuestro agravado y violencia vicaria busca robustecer el caso con delitos que —según su argumento— podrían sostener mejor una sentencia, sin “soltar” la investigación del homicidio. Esta lógica también aparece en reportes recientes de prensa local sobre el tema.
La violencia vicaria se entiende, en términos generales, como una forma de agresión en la que se utiliza a hijas e hijos (u otras personas del entorno afectivo) para dañar a la madre, algo que suele aparecer en contextos de separación y conflicto familiar, de acuerdo con especialistas citados por la UNAM.
En medio de la discusión pública por el caso Maritza, se difundieron cifras atribuidas a la propia Fiscalía: en 2025 se habrían registrado 159 mujeres asesinadas en Michoacán y solo 27 de esos expedientes se habrían clasificado como feminicidio (con 28 víctimas), según reportes periodísticos.
En ese mismo marco, Torres Piña declaró que parte del repunte de homicidios de mujeres podría estar relacionado con la participación de algunas víctimas en dinámicas del crimen organizado; se trata de una afirmación oficial citada por medios, y no de una conclusión judicial caso por caso.
